Más allá del Congreso

Padece el Perú una crisis política, más propiamente una crisis a la criolla. El Poder Ejecutivo, a través de su control del Congreso, se opone a desaforar al congresista fujimorista Alejandro Yovera, condenado por el Poder Judicial por actos de corrupción.

Se trata, pues, de un embrollo que abarca a los tres poderes del Estado.

Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, culpa del problema a la oposición. Congresistas del oficialismo llegan a afirmar que esta urde un golpe de Estado. La oposición echa la culpa al gobierno, que estaría lanzando una cortina de humo para encubrir los cargos que se han acumulado contra Nadine Heredia.

Pero la cosa no es tan simple. La verdad es que Alan García ha anunciado que apoyará la concesión de facultades legislativas al Ejecutivo. Igual ha prometido Lourdes Flores, la lideresa del PPC. En otras palabras, oficialismo y oposición de derecha están de acuerdo sobre las medidas que Palacio quiere imponer mediante decretos legislativos. Hay mucho de tongo en la riña de los púgiles criollos.

Como el régimen defiende en verdad al corrupto Yovera, y por eso no logra la aprobación congresal para su paquetazo, ahora, para imponerlo, acudirá a los decretos de urgencia.

Lo que eso significa es asestar un golpe al pueblo y al país. En mi columna “Guerra avisada de Cateriano”, del martes 3 de junio, señalé lo que busca el neoliberalismo gobernante. Cateriano ha sido franco: con las medidas de las facultades legislativas (o de los decretos de urgencia) quiere: “que este gobierno acabe bien para entregar al siguiente gobierno un país con finanzas saneadas y con un rumbo económico bien encaminado”.

Aún más explícito ha sido el ministro de Economía, Alonso Segura, de las canteras de las finanzas internacionales, mejor dicho, antinacionales, igual que su antecesor Miguel Castilla. En el Fondo Monetario Internacional, Segura fue director ejecutivo para el Cono Sur y funcionario del Departamento de Finanzas Públicas. Eso es un hito del rumbo que se prepara para el país.

En mi columna del 3 de junio cité una declaración de Segura a El Comercio: “las medidas que se buscan (sic) implementar en esta delegación de facultades están enfocadas en mirar más el largo plazo que el corto plazo”. El objetivo declarado es “destrabar las inversiones”, lo cual significa una amenaza contra Islay y Cajamarca; una invitación a destruir bosques, envenenar ríos y lagos como en la región del Mantaro, y a aceptar los “estudios” medioambientales que ofenden a la razón y la naturaleza.

Ese es el tamaño de la amenaza que pesa sobre el Perú. Ese el peligro contra el cual hay que movilizar a los ciudadanos.