Shougang: un talón de hierro

En Marcona, capital del hierro del Perú, se ha instalado un régimen de terror. La empresa china Shougang, con la ayuda del gobierno, despide y mata trabajadores. La tragedia reciente en ese lugar empezó cuando los obreros de la empresa Coopsol, sometidos a contrata gracias a la ley 29245 que dictó Alan García, se declararon en huelga el 25 de abril.

Debido a ese régimen de tercerización esos obreros tienen salarios más bajos que los colocados en planilla de la Shougang, y gozan de menos derechos y beneficios sociales. Ante la actitud reivindicativa, la Shougang rescindió el contrato que tenía con la intermediaria Coopsol. Eso significó el despido automático de 99 obreros, lo cual originó una heroica protesta, con marchas pacíficas, olla común y gestiones diversas.

Entonces se produjo una hermosa acción colectiva del pueblo de San Juan de Marcona, que, en asamblea distrital del 18 de mayo, acordó respaldar los reclamos obreros y sumar los de todo el pueblo: expansión urbana, mejor servicio de agua y electricidad. En Marcona, todo lo controla la empresa china.

Al día siguiente del acuerdo popular, el 19 de mayo, todo el distrito se paralizó, todas las instituciones y organizaciones sociales se adhirieron. La lucha se expresó en movilizaciones masivas y pacíficas, hasta que llegó un contingente policial de otras zonas, que tenía sin duda órdenes de actuar con violencia. Resultado: el poblador Luis Quispe Chumpi, de 38 años, murió de un balazo en el rostro. Deja esposa y tres niños pequeños.

El 30 de mayo, una asamblea convocada por el Frente de Defensa de Marcona para evaluar la situación decidió, a pesar de la ira del pueblo y la oposición de algunos sectores, suspender el paro por 30 días.

En el ínterin, se ha comprobado, con la captura de cuatro implicados, que la empresa contrató veinte individuos para que realicen actos vandálicos. Américo Soto Soto, uno de los capturados afirma que fue contratado por un funcionario de Shougang.

Mientras Marcona se mantiene a la expectativa, la represión continúa. Todos los denunciados por Shougang han sido notificados por la Fiscalía, la cual, en el colmo de la injusticia, denuncia también a la viuda del humilde poblador Quispe Chumpi.

Una vez más, el gobierno de Ollanta Humala, en vez de resguardar el orden y atender reclamos locales y laborales, se pone al servicio de la prepotencia de una empresa extranjera. Su lema parece ser: para la gran minería, el apoyo incondicional; para los trabajadores y el pueblo, la bala.