Días atrás, Alan García dijo que los indultos a narcos no tenían nada de malo. Bien visto, quería decir que si volviera al sillón presidencial repetiría el plato de rebajar la pena a miles de peligrosos traficantes de droga ilícita. Ahora, una sala penal juzga a Manuel Facundo Chinguel por los beneficios otorgados, con burla de la ley, a presos condenados por la justicia, estableciendo así un poder judicial paralelo.
En el juicio varios reos han reconocido que recibieron, también al margen de la ley, beneficios penitenciarios. Entre las revelaciones de exprisioneros surge su vinculación no solo con Chinguel, aprista nombrado por García para presidir la Comisión de Indultos, sino también con el Partido Aprista. Algunos han declarado que al salir en libertad realizaron para el Apra reparto de víveres en pueblos jóvenes.
Otros aprovecharon el beneficio otorgado por el entonces presidente de la República para reanudar su actividad en el negocio más sucio del mundo. Tal es el caso del colombiano Ramiro Castro Mendoza, quien, condenado por enviar droga a la Argentina, salió libre en el 2009 gracias a la conmutación por García, pero fue apresado en el 2012 por remitir droga a Holanda. Gallina que come huevo…
García defendió inicialmente a Chinguel, a quien calificó de probo. Era su hombre de confianza en indultos y conmutaciones, aparte de Dios, con quien García consultaba, según afirmó, cada caso. Alguna vez he preguntado si era el Supremo Hacedor quien fijaba la tarifa correspondiente.
Lo cierto es que los beneficios profusamente dictados por el jefe aprista estimularon e inmunizaron el narcotráfico. No lo hizo sin duda por un arranque generoso del corazón. Esa complicidad acrecentó el peligro de que el Perú se convierta en un narcoestado, con los efectos de violencia, crimen y corrupción que eso acarrea.
Alan García debe ser enjuiciado y condenado por ese delito. La cúpula del Apra defiende a García con el alegato de que sus enemigos políticos buscan inhabilitarlo para las elecciones del 2016. El juicio por las narcoindulgencias demuestra que él está moralmente inhabilitado.
El hombre que ordenó la matanza de El Frontón y de Bagua, en este caso con la venia y justificación de Yehude Simon y Mercedes Cabanillas, está asimismo políticamente desahuciado por la opinión pública. Lo demuestran todas las encuestas, todas.
El Apra tiene un antiguo historial de vínculos con el narcotráfico. Hoy, a la vista de los vínculos de la política –de derecha e izquierda– con el crimen organizado por la droga, ese nexo es más peligroso que nunca.
