Ayer nos llegó la resolución del Fiscal David Tapia Santisteban expedida el 26 de marzo, resolución que envía al archivo definitivo la denuncia penal que José Lolas, director de La Primera apócrifa, presentó contra Cecilia Altez y contra mí.
La decisión forma parte de un proceso judicial con acento político.
La opinión pública sabe que en mayo del año pasado, un tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) nos prohibió seguir empleando el título de La Primera, que habíamos adoptado y prestigiado desde julio de 2007.
Eso nos obligó, so pena de altísimas multas, a cambiar de nombre, no de esencia.
En junio del 2014, Lolas lanzó, bajo su dirección, su versión de La Primera. El único columnista con que contó, desde el primer número, fue Rolando Breña Pantoja, máximo dirigente de un partido de izquierda.
Algunas personas creían que se trataba de un capricho personal de Lolas. Desde el primer momento supimos, y lo dijimos, que detrás de la movida estaba Alan García, deseoso de eliminar y suplantar al único diario que se enfrentaba sin tapujos a su pasado vergonzoso y su pretensión reeleccionista.
La línea del periódico alanista demostró que teníamos razón, que sus páginas solo servían para defender a García, calumniar a la entonces alcaldesa Susana Villarán y evitar pronunciarse sobre graves problemas nacionales y continentales.
Uno de los puntos de su campaña consistió en reclamar cárcel para la señora Cecilia Altez, gerenta de nuestro diario, y para mí.
El infeliz experimento solo duró nueve meses.
La resolución de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual es contundente:
“Este Despacho Fiscal, al amparo de lo dispuesto por los artículos 1,5,94 inciso 2º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, el articulo 12 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas de Prevención de Delitos y en el art. 139 inc. 03 de la Constitución Política del Perú: Resuelve: NO HABER MÉRITO PARA EJERCITAR ACCIÓN PENAL CONTRA Cecilia Altez Navarro, en calidad de gerente general de la empresa Editorial Nilai S.A.C, y Edmundo Dante Lévano La Rosa, por la presunta comisión de delito Contra los Derechos Intelectuales Contra la propiedad industrial (infracción del Derecho de Marca) y contra los Derechos de Autor y Conexos, en la modalidad de distribución de obra mediante venta sin autorización de sus titulares; en agravio de la empresa Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A, representado por José Yusof Lolas Miani; disponiéndose el archivo definitivo de los actuados”.
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